Las editoriales que ya habían adaptado los textos y materiales a la reforma de 2011 realizada por el anterior Gobierno, se encuentran en estado de incertidumbre al no saber qué hacer con los mismos en relación a los cambios en materia educativa realizados por el actual Gobierno central.
Los afectados creen que se puede incurrir en una responsabilidad patrimonial al haberse realizado cambios tan significativos en un período de tiempo tan reducido. Éstos temen que les pueda pasar lo mismo que sucedió en su día con la LOCE y, por lo tanto, haber invertido tiempo, recursos y dinero en vano.
Los editores preguntan qué hacer con los textos de la reforma de 2011
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